Guanajuato, Gto. – En sesión ordinaria, el Pleno de la 66 Legislatura exhortó a la persona titular de la Presidencia de la República y al Congreso de la Unión, a través de sus dos cámaras para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, realicen las acciones jurídicas necesarias a fin de corregir las disposiciones relativas al límite de jubilaciones y pensiones previsto en el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, particularmente, los efectos retroactivos derivados del artículo Segundo Transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de abril de 2026, por ser incompatibles con los principios de seguridad jurídica, irretroactividad de la ley, progresividad de los derechos humanos y protección de derechos adquiridos en materia de seguridad social.
Al hablar a favor del dictamen, el congresista Juan Carlos Romero Hicks manifestó su preocupación ante las recientes modificaciones en materia de pensiones y jubilaciones, luego de que el sustento de las personas de la tercera edad no puede verse afectado por decisiones que carecen de estrategia, justicia y legalidad, ya que para un jubilado su pensión representa su salario de vida, alimento, salud y dignidad.
Agregó que las restricciones aprobadas se diseñaron de manera deficiente y resultan discriminatorias al hacer excepciones con ciertos sectores laborales; asimismo, precisó que esta medida atenta directamente contra cinco principios elementales del derecho: la certeza jurídica, la irretroactividad, la progresividad de los derechos humanos, la irrenunciabilidad de los derechos laborales y la tutela jurídica efectiva.
Finalmente, precisó que el uso de parámetros inciertos o discrecionales genera una grave incertidumbre que ya está afectando a sectores clave como la industria eléctrica y petrolera, donde los especialistas técnicos perderán el estímulo para jubilarse dignamente.
En contra, la legisladora María Eugenia García Oliveros indicó que se expresaba en concordancia con el voto que emitió en la Comisión. Refirió que, más que analizar su contenido, hablaría de la formalidad del dictamen.
En ese sentido, manifestó que en la parte final del apartado de consideraciones determina que se reforme el artículo 127 constitucional y se declare la inconstitucionalidad e inaplicabilidad del artículo segundo transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 10 de abril de 2026, para que se restablezcan las cosas al estado en que se encontraban antes de su vigencia.
En ese punto, subrayó, la comisión estaba sobrepasando sus atribuciones y cuestionó si le corresponde a la presidenta de la República o al Congreso de la Unión implementar las acciones jurídicas para declarar inconstitucional un artículo.
Finalmente, remarcó que no era la forma en que debía proceder el Congreso, porque si lo que buscaba era corregir disposiciones relativas en un artículo constitucional, la misma Constitución Política Mexicana otorga a esta legislatura el derecho de iniciar leyes o decretos, lo que significa que emitir y, en su caso, aprobar este dictamen con punto de acuerdo no era el procedimiento legislativo pertinente.
En su intervención, el congresista Alejandro Arias Ávila dijo ser necesario que se exhorte a la Presidencia de la República y al Congreso de la Unión a corregir las disposiciones relativas al límite de jubilaciones y pensiones previsto en el artículo 127 constitucional, ante los efectos retroactivos que afectan de manera directa los derechos ya adquiridos por las personas jubiladas y pensionadas.
Añadió que las pensiones y jubilaciones no son concesiones del gobierno, sino conquistas sociales y un patrimonio legítimo construido tras décadas de esfuerzo y aportaciones en el servicio público, precisando que, si bien se reconoce la importancia de mantener finanzas públicas sanas, ninguna medida puede aplicarse en perjuicio del principio de progresividad de los derechos humanos y de la certeza jurídica.
Finalmente, precisó que el Estado debe respetar los compromisos y las reglas bajo las cuales los trabajadores se jubilaron, salvaguardando la confianza legítima y garantizando un retiro digno para las personas adultas mayores, y enfatizó que la autoridad no debe debilitar los derechos sociales consolidados en el orden constitucional.
Por su parte, el congresista Rodrigo González Zaragoza manifestó que suscribían el dictamen para poder darle certeza jurídica a los jubilados y pensionados, quienes ya dieron su vida y sirvieron a la Patria durante mucho tiempo, y ahora los estaban poniendo a batallar por el sustento de su familia.
Agregó que se tenía que velar por que vivieran tranquilos en su retiro. En rectificación de hechos, el legislador Antonio Chaurand Sorzano argumentó que había otras personas que también han trabajado años y no tienen las mismas condiciones, que no se está haciendo retroactivo ni pidiendo que regresen el dinero que se recibió, sino que no se continúen con esas prácticas y acabar con las pensiones doradas.
