Guanajuato, Gto. – Esta mañana se llevó a cabo una mesa de trabajo convocada por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para analizar la iniciativa de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de eliminar efectos retroactivos en materia de límites a jubilaciones y pensiones de personas servidoras públicas, así como fortalecer la certeza jurídica y la protección de derechos adquiridos.
El congresista Juan Carlos Romero Hicks manifestó que se abordaría una propuesta que tiene que ver con el régimen de pensiones y jubilaciones. Indicó que coincidían en que las pensiones doradas deben desaparecer; sin embargo, por otro lado, ha habido cuestionamientos que tienen que ver con cuatro principios fundamentales en derecho: certeza jurídica, irretroactividad, progresividad de derechos y la renuncia a los derechos laborales.
Argumentó que se ubican excepciones de aplicación como las fuerzas armadas, los autónomos, los que llegaron por derechos sindicales, pero no así a otras personas, y se están viendo dos rutas; la aplicación de la reforma que ya está vigente y el derecho a la irretroactividad.
De manera general comentaron que era viable la implementación de la reforma contenida en la iniciativa con proyecto de decreto de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se refirieron a la integración del concepto de Remuneración Anual Máxima, que brinda seguridad jurídica a los pensionados, pues no estarían sujetos al arbitrio de que se le pueda bajar el sueldo a la persona titular del Poder Ejecutivo Federal en cualquier momento, lo cual impactaría directamente en el monto de sus pensiones.
Se comentó que sí pueden existir normas constitucionales inconvencionales por violentar derechos humanos; el establecimiento de la remuneración anual máxima se encuentra acorde, es una medida objetiva y previamente determinada en la legislación aplicable; es acorde al marco nacional vigente; se reduce el margen de discrecionalidad política sobre topes salariales; se fortalecen los principios de transparencia y seguridad jurídica; entre otros aspectos.
Finalmente, el congresista Juan Carlos Romero Hicks manifestó que la preocupación que existe es en materia de derechos humanos sobre la aplicación de la remuneración anual máxima y el tema de la retroactividad de los derechos.
En los trabajos estuvieron presentes las personas diputadas Juan Carlos Romero Hicks, María Eugenia García Oliveros y Susana Bermúdez Cano. Además, los acompañaron representantes de la Consejería Jurídica, de la Procuraduría de los Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobierno, del Instituto de Seguridad Social del Estado, del Instituto Estatal Electoral, del Tribunal de Justicia Administrativa y del Tribunal Estatal Electoral.
