Guanajuato, Gto. – Convocada por la Comisión de Asuntos Electorales, se llevó a cabo una mesa de trabajo para analizar siete iniciativas de reforma a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato.
Al iniciar los trabajos, la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, presidente de esta instancia legislativa, apuntó que las propuestas que se revisarán abordan temas relevantes para la vida democrática de Guanajuato, como un nuevo modelo de elección de personas magistradas o juezas integrantes de este Poder Judicial estatal; la digitalización y modernización de procedimientos; reglas de representación política; mecanismos de registro de candidaturas; acciones vinculadas con violencia política y ajustes al sistema electoral local derivados de nuevas necesidades institucionales.
Afirmó que el compromiso como Comisión es construir un análisis serio, abierto y responsable, privilegiando siempre los principios constitucionales de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad, máxima publicidad e independencia que rigen la función electoral.
Fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones de impartición de justicia
En primera instancia se abordó la propuesta formulada por las personas diputadas integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, en materia del Poder Judicial.
De manera general, se comentó que era viable y se dijo que se anunció, por parte de la presidenta de México, un cambio de fecha para el 2028, el examen de oposición, la insaculación, una capacitación permanente y la conformación de un órgano, que es un paso significativo en un modelo que busca implementar la participación ciudadana, pero reconociendo el mérito profesional.
En lo particular se abordaron aspectos como el precisar la integración del Consejo, se debe incluir la infracción relativa a la violencia política por razón de género, establecer un catálogo de medidas cautelares para evitar otros actos mediante el procedimiento, establecer una limitante al proceso especial sustanciador, la creación del régimen específico para el proceso judicial, la regulación especial de campañas, el establecimiento del Comité de Evaluación, que no es viable cambiarle la denominación al órgano garante de control, no resulta del todo conveniente la incorporación de violencia política porque desdibujaría el relativo a la violencia política por razón de género, por lo que se debe mantener éste último.
La diputada Susana Bermúdez Cano consideró que es una iniciativa que resulta convencionalmente compatible, es armónica con el sistema nacional electoral, técnicamente viable y fortalece la tutela de los derechos políticos electorales. Asimismo, dijo robuste el mecanismo de control jurisdiccional, incrementa la certeza y seguridad jurídica, por lo que existen elementos jurídicos suficientes para su sostenibilidad.
Añadió que, si bien existen retos como el periodo en el proceso especial sustanciador y el concepto de violencia política de género, lo que se vea a nivel nacional con la reforma anunciada dará pauta para otros ajustes.
