La diputada Ruth Noemí Tiscareño lamentó que a pesar del reconocimiento de haber coincidencia en el fondo, finalmente su iniciativa para que se reconozca como un derecho fundamental dar una retribución al trabajo no remunerado de mujeres, fue rechazada por la mayoría panista.
Sostuvo que, durante el análisis para su dictaminación, se estuvo de acuerdo en el sentido de que su propósito era reconocer un derecho humano de igualdad en favor de las mujeres, buscar la igualdad sustantiva a partir de reconocer la existencia de un problema público que provoca inequidad, pero finalmente la iniciativa no encontró respaldo suficiente.
En la Comisión de Gobernación primero, y en el Pleno después, la mayoría parlamentaria se negó a reconocer como un derecho fundamental otorgar una compensación a quienes se dedican primordialmente al trabajo doméstico y/o al cuidado de personas no remunerado.
Al ser sometida al Pleno, 13 diputadas y diputados de todas las fuerzas políticas de la oposición representadas en el Congreso apoyaron el sentido de la iniciativa y votaron en contra del dictamen que instruía su archivo definitivo.
Tiscareño Agoitia dijo, en su intervención en tribuna, que en su momento estuvo de acuerdo en mejorar la redacción técnica de la iniciativa a partir de la consideración de que la pobreza fuera un elemento central, para dejar sólo la expresión del derecho subjetivo plasmada en la Constitución local.
Puntualizó que no estuvo de acuerdo con argumentos en el sentido de que “lo pretendido ya se encuentra regulado y abordado de manera tácita, que no expresa, en otros dispositivos constitucionales y en normas secundarias, y colmado desde la política pública, con el programa Empodera Mujer Guanajuato”, siendo enfática en que lo más conveniente es que se reconozca como un derecho fundamental en la Constitución local.
La legisladora del GPPRI abundó sobre el por qué tendría que elevarse a rango constitucional un derecho de igualdad sustantiva como el de la iniciativa en cuestión, y no conformarse con programas de política pública.
“Ya la experiencia nos ha demostrado que los programas públicos dependen del proyecto de gobierno en turno, por lo que una política vigente hoy, puede no tener pertinencia mañana, cosa que no pasa con el reconocimiento de un derecho fundamental”, dijo.
Consideró “más bien pragmáticas” las expresiones y argumentaciones que se vertieron durante el proceso de análisis de la iniciativa para fundamentar su rechazo, y subrayó que insistirá en que se reconozca a mujeres que se dedican fundamentalmente a tareas domésticas y/o cuidado de personas el derecho a una remuneración.
Para cerrar, les recordó el valor ético que busca la norma jurídica y que, de que algo no puede inferirse que algo deba ser, pues el deber ser permanece como válido aun cuando nunca llegue a ser, y por ello el avasallamiento de la mayoría sigue manteniendo la deuda con la igualdad a favor de los géneros.
