El diputado José Huerta Aboytes recordó que el jueves pasado se cumplieron 10 años de la trascendente reforma al artículo 1° de la Constitución, que implicó una radical transformación en materia de protección de los Derechos Humanos.
Dicha reforma reconoce como antecedente el caso Rosendo Radilla Pacheco, ventilado y resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 23 de noviembre del 2009, condenando al Estado Mexicano por graves violaciones a los Derechos Humanos.
Este caso tuvo un gran impacto en el sistema jurídico mexicano, tanto por haber sido, el primer caso significativo en el que la Corte Interamericana de Derecho Humanos condena al Estado Mexicano, como por contener órdenes para que en México se hicieran cambios estructurales de gran importancia para la vida pública del país.
Dijo que a juicio de los constitucionalistas, es quizá, la reforma más importante que ha tenido nuestro texto fundamental desde su promulgación en función a que sus implicaciones pueden permear a todo el sistema jurídico mexicano.
Desde entonces se ha desarrollado en México una robusta cultura de los derechos humanos, que se traduce en un ambiente socialmente más propicio para su promoción, reclamo y defensa; y no una ideología de moda o una práctica discursiva de ocasión como ha llegado a calificarla el primer mandatario de la nación.
El diputado José Huerta dijo que a lo largo de estos diez años, hemos podido ser testigos de cómo ha influido la incorporación al texto constitucional la llamada interpretación conforme, y el principio pro persona, así como los de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
“En este tiempo, a pesar de ciertas resistencias autoritarias, quienes cultivamos el juicio de amparo, hemos constatado los grandes avances que ha propiciado la reforma en la protección de los intereses de las personas”, destacó el diputado.
De todas las personas y básicamente de los más desposeídos, de las víctimas, de los que padecen cárcel injustamente, de los que sufren daños por la actuación irregular del Estado y no sólo de las élites, como asevera el Presidente López Obrador.
La enmienda al artículo 1° de la Constitución impone deberes muy precisos a todas las autoridades de los tres poderes constituidos y a los agentes de los tres órdenes de gobierno.
La autoridad, debe, por un lado, promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos; y por el otro, prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a estas prerrogativas en los términos que establezca la ley.
Puntualizó que dicha enmienda ha repercutido en la manera como los legisladores federales y locales cumplen con su cometido, pues sus actos legislativos han debido quedar inscritos en un deber de observancia obligatoria de crear la ley con perspectiva de derechos fundamentales.
Puntualizó que a estas alturas del siglo XXI existen visiones anticuadas reacias a hablar de los derechos humanos, de los derechos fundamentales de los mexicanos y de los guanajuatenses diciendo que esas aspiraciones esenciales son parte de una moda que nos viene del norte.
Nada más alejado de la realidad. Los derechos del hombre y de la mujer, del ciudadano y de la ciudadana, no son entelequias huecas ni un esqueleto carente de contenido.
