En mesa de trabajo, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso local, que preside la diputada Libia García, analizó la iniciativa de reformar al artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual propone incluir a la extorsión dentro de las conductas que ameritan la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa durante la investigación. 

En su intervención el diputado Jesús Oviedo Herrera, iniciante de la iniciativa, dijo que uno de los objetivos de la propuesta es impulsar, desde el ámbito legislativo, acciones que colaboren para recuperar la paz y tranquilidad en Guanajuato. 

“Con la reforma incluiríamos el delito de extorsión en los contemplados en el artículo 19 constitucional y a su vez se busca evitar la reincidencia o la comisión de nuevos delitos asegurando la investigación, la comparecencia del inculpado al proceso, pero sobre todo conservar la seguridad de las víctimas y de la sociedad en general”, explicó  

El legislador recordó que actualmente el artículo de la Carta Magna contempla la medida cautelar en 9 delitos, tales como: abuso o violencia sexual contra menores, feminicidio, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, entre otros. 

“Creo que el país vive una realidad que debemos considerar, la extorsión es el segundo delito a nivel nacional con el 23.48% de incidencia, es por ello que tenemos que considerar la seguridad y tranquilidad de la persona que ha sido extorsionada, es decir privilegiar a la víctima por el daño que sufre y el impacto en su familia”, indicó Oviedo Herrera. 

Por su parte, la diputada Cristina Márquez señaló que la propuesta será una herramienta que permitirá que las autoridades realicen mejor su trabajo, “necesitamos que se tomen acciones contundentes para que los extorsionadores no comentan más daño a las víctimas en el momento que sean llevados a juicio”. 

Finalmente, la legisladora Libia García apuntó que los comentarios de los participantes servirán para enriquecer la propuesta, “la extorsión es un delito que, regularmente, tiene un impacto más allá de lo patrimonial daña profundamente al país y a nuestro Estado”. 

En la mesa de trabajo también participaron el diputado Lupe Vera, legisladores que forman parte de la comisión, así como representantes del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, Procuraduría de los Derechos Humanos, de la Coordinación General Jurídica de Gobierno del Estado y asesores parlamentarios. 

En mesa de trabajo convocada por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para analizar una iniciativa de reforma al artículo 19 de la Constitución, el diputado José Huerta Aboytes planteó que es inconsistente incluir el delito de extorsión en el catálogo de conductas delictivas por las que proceda la aplicación de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

El legislador priista planteó que la intención de ampliar el catálogo no resolvía el tema y se podía correr el riesgo de que su inclusión contradiga uno de los principios del proceso penal actual que es la presunción de inocencia, consagrado en el artículo 20 de la Constitución y por tratados internacionales.

Agregó que como legisladores lo que tenían que cuidar era que no se violara el derecho humano de presunción de inocencia.

El diputado José Huerta dijo entender la intención de los iniciantes de la propuesta, que tiene que ver con atender un problema social, que seriamente lo estamos viviendo en la entidad que es la extorsión, y que tiene sus implicaciones no solamente en el comercio, en el derecho de piso y secuestros virtuales, pero que tampoco están solucionando los operadores de la procuración de justicia ni por quienes tienen que coadyuvar a este propósito.

El diputado Huerta citó que en 2008, como parte de la guerra contra el narco, el Presidente Calderón presentó su iniciativa de reformas al 19 Constitucional, que incluyó un catálogo que fue el de la delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como aquellos que determine la Ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

Después, el actual presidente, en este sexenio, promueve su iniciativa de reformas y adicionales al 19 Constitucional y en abril de 2019, se publica la ampliación del catálogo de delitos graves: abuso, violencia sexual de menores, uso de programas sociales con fines electorales, robo al transporte en cualquiera de sus modalidades, desaparición forzada de personas, robo y tráfico de hidrocarburos, y delitos en materia de corrupción.

“Lamentablemente con esto se pierde la esencia de la medida cautelar, ya que la ampliación del catálogo de delitos no distingue entre aquellos que lesionan bienes jurídicos como la vida, la libertad, la salud, libre desarrollo de las personas, etcétera, de conductas político partidista, como el caso de delito grave de uso de programas sociales con fines electorales, y adicionalmente contradice el garantismo que viola la presunción de inocencia y la garantía de libertad”, expresó.

Ante ello, el GPPRI coincidiendo con el Supremo Tribunal de Justicia del Estado y con la opinión de la Procuraduría de los Derechos Humanos, concluye que incorporar figura de extorsión, en el catálogo de delitos graves que merezcan prisión preventiva oficiosa, desnaturaliza la intención de las medidas cautelares, porque se ignora la presunción de inocencia, el debido proceso y la seguridad jurídica.

Puntualizó que está comprobado que ni el incremento de las penas, ni la pena de muerte ni la ampliación de catálogo de conductas, como lo estamos viendo en este sexenio, no se ha resuelto en nada el tema toral que es la comisión de delitos dolosos que en todo el país estamos viviendo a diario, en consecuencia es inconsistente, incluir y ampliar el delito de extorsión en este catálogo, por lo que llamó a cuidar y estudiar más este tema para darle un replanteamiento.

Se requiere ampliar estudios científicos que abran nuevas puertas para solucionar este problema.

se llevaron a cabo mesas de trabajo convocadas por la Comisión de Atención al Migrante, a fin de analizar dos iniciativas de reforma a la Ley para la Protección y Atención del Migrante y sus Familias del Estado de Guanajuato, una de ellas propuesta por el Grupo Parlamentario del PRI a fin de apoyar a los migrantes en el trámite de documentos de identidad, aclaraciones y rectificaciones administrativas de actas del estado civil, así como garantizar el ejercicio de sus derechos.

El diputado Héctor Hugo Varela Flores destacó que esta iniciativa conlleva dos enfoques, primero que se garantice y respete el derecho humano de identidad de todas y todos los migrantes guanajuatenses y, además, como consecuencia de ello, se respeten y garanticen los de acceso al trabajo, educación, salud, entre otros.

Planteó dos problemáticas recurrentes: que algunos migrantes guanajuatenses no cuentan con un documento idóneo con el cual puedan acreditar su identidad, por lo que requieren de asesoría y acompañamiento para la tramitación y obtención de documentos idóneos que les permitan identificarse.

Dijo que la propuesta del Grupo Parlamentario del PRI es dotar a la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional como institución del Gobierno del Estado de Guanajuato competente para reconocer, proteger y garantizar los derechos de los migrantes y sus familias, de la potestad legal para garantizar el derecho y acceso a la identidad de los guanajuatenses en el extranjero, diseñando, proponiendo, promoviendo e instrumentando políticas públicas para la obtención de documentos idóneos de identificación.

En cuanto a la segunda problemática, algunos migrantes guanajuatenses requieren de los servicios de asesoría, acompañamiento y tramitación de rectificaciones y aclaraciones administrativas de actas del estado civil y, por múltiples circunstancias, no pueden dejar su lugar de residencia en el extranjero, ni tampoco cuentan con algún familiar que les apoye a realizar el trámite respectivo ante la Dirección General del Registro Civil o ante la Oficialía del Registro Civil de su entidad de origen.

Con la propuesta se dotará a la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional como institución del Gobierno del Estado de Guanajuato competente para reconocer,

proteger y garantizar los derechos de los migrantes y sus familias, de la potestad legal para brindar a los migrantes guanajuatenses y a sus familias, los servicios de asesoría, acompañamiento e inclusive tramitación respecto de las rectificaciones y aclaraciones administrativas de actas del estado civil en nuestro estado.

El titular de la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional, Juan Hernández refirió que la iniciativa es favorable y enriquecería el trabajo que realiza el gobierno estatal para ser punta de lanza en materia de protección de los derechos de los migrantes y sus familias. Asimismo, consideró necesario que se realice una reunión con asesores para detallar algunos aspectos que se proponen.

En el desarrollo de la mesa de trabajo se realizaron comentarios sobre la redacción del articulado de la iniciativa; el impacto presupuestal de la iniciativa y la viabilidad de la misma.

Finalmente, el diputado Hugo Varela Flores agradeció las intervenciones de los asistentes y señaló que será al interior de la Comisión donde se tomarán los acuerdos respecto a las dos iniciativas que se revisaron.

El diputado Rolando Alcántar Rojas, llamó a las autoridades, municipales, estatales y federales, en materia de seguridad, para que a todos aquellos policías y agentes de tránsito que realicen labores operativas se les dote del equipo necesario para su protección y en su caso para su defensa.

El presidente de la Comisión de Seguridad en el Congreso local enfatizó en que “se trata de trabajar en favor de mejores condiciones laborales para los policías, se trata de tener una visión de estado en la que se otorgue a los policías una mejor preparación y con condiciones salariales, de equipo, uniforme y seguridad social mucho más dignas y justas que las que hoy se tienen”.

Lamentó los hechos ocurridos en el municipio de Salamanca, en los que lamentablemente falleció durante el cumplimiento de su deber un agente de tránsito, y dijo que “esto nos debe impulsar a seguir por el camino de transformación de la concepción de las instituciones de seguridad pública, en las que debemos entender al policía como persona humana, no como un elemento o un número más del estado de fuerza, tenemos que demostrar”.

El legislador afirmó que desde el Congreso local se seguirá trabajando en todas aquellas iniciativas que tengan como objetivo establecer claramente los derechos que deben de tener los policías, y la importancia de que dichos derechos se cumplan, ya que ellos son los encargados de ejercer la protección que el Estado brinda a sus ciudadanos contra los conflictos, las amenazas y los peligros de la vida cotidiana.

Resaltó el trabajo realizado por los diputados del PAN, “para establecer mejores condiciones laborales para los policías; prueba de ello son las iniciativas que hemos presentado en la materia, además, debemos resaltar que el presupuesto enviado por el Gobernador del Estado y aprobado por este Congreso para el ejercicio fiscal 2021, también contempla los recursos necesarios para mejorar los salarios de los policías”.

El diputado Alcántar Rojas enfatizó finalmente en la necesidad de “recuperar aquella cultura del respeto a los policías, aquella cultura de reconocimiento a los policías, aquella cultura de respeto a los policías no solo como servidores públicos, sino también como personas”, concluyó.

Las diputadas y diputados que integran el Grupo Parlamentario del PRI presentaron una propuesta de punto de acuerdo de obvia resolución, a fin de exhortar al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield Padilla, para que atienda de manera pronta y eficiente el problema de la especulación, encarecimiento y escasez de oxígeno de uso medicinal que se ha registrado en Guanajuato.

Asimismo, las y los legisladores priistas formularon dos exhortos para que los 46 Ayuntamientos apoyen con oxígeno medicinal, y apliquen pruebas de detección de COVID-19 en los trabajadores que tienen contacto directo con la ciudadanía.

Exhorto a PROFECO

En la exposición de motivos, el diputado José Huerta Aboytes planteó que el exhorto a PROFECO es para que realice una oportuna y pronta actuación en el diseño de un método mediante el que se supervise que la venta de este producto sea sin especulación, sin fraudes ni abuso e incremento de los precios; y que garantice que el oxígeno de uso medicinal llegue oportunamente a los pacientes que lo necesiten.

Agregó que en Guanajuato, la COVID-19 ha causado la muerte de 7 mil 596 personas al 27 de enero del presente año y cada día aumentan los contagios de manera exponencial.

Mencionó que la búsqueda del oxígeno medicinal sigue en aumento en todo el estado, lo que ha ocasionado que se encarezca y que se especule con los precios.

Dijo que ante el desabasto y la urgente necesidad del oxígeno para poder respirar, los medios de comunicación han dado cuenta de diversos fraudes, como es el caso de una leonesa a quien le vendieron en 6 mil pesos un tanque con helio en lugar de

oxígeno medicinal, con el agravante de haber tenido que trasladarse a otro municipio para comprarlo, luego de haberlo cotizado por medio de las redes sociales.

El legislador comentó que la sobredemanda ha causado consecuencias adversas a la economía familiar de los guanajuatenses y la desesperación por adquirir los contenedores del gas medicinal ha generado alteraciones al orden público.

“Debemos contribuir a evitar el mayor número de muertes por la falta de este producto o su especulación. Evitar se convierta en una odisea la obtención y compra de estos productos. Facilitar su acceso, producción, distribución y compra rápida y suficiente por parte de los usuarios”, resaltó.

Recarga gratuita de oxígeno

Por conducto de la diputada Celeste Gómez Fragoso se presentó un punto de acuerdo para exhortar a los 46 ayuntamientos para que realicen las reasignaciones presupuestales que sean necesarias en sus presupuestos de egresos, y se implementen programas emergentes que brinden a la ciudadanía, así como a los centros hospitalarios y clínicas que así lo requieran, la recarga gratuita de cilindros de oxígeno medicinal.

La legisladora priista señaló que la pandemia de Covid-19 ha traído consecuencias devastadoras en el ámbito económico, al poner en serios predicamentos al sistema de salud.

Que se han escaseado los medicamentos e insumos médicos, entre ellos el oxígeno medicinal, el cual es de vital importancia para los pacientes que enfrentan la enfermedad tanto en los centros de salud como en sus hogares.

Asimismo, precisó que en los últimos meses se ha incrementado exponencialmente el uso de oxígeno medicinal, lo que provocó su escasez, y por consecuencia la especulación en el mercado.

La diputada priista apuntó que en algunos de los municipios la gente se aglomera desde antes de que los comercios abran sus puertas para preguntar los precios de venta, alquiler y recarga de cilindros, y que algunos se van con las manos vacías al conocer que cuestan hasta cuatro veces más que a finales de 2020.

“Hagamos las acciones que estén a nuestro alcance para combatir esta pandemia, pues desafortunadamente, aún estamos lejos de que la curva de contagios se aplane”, finalizó.

Que apliquen pruebas a trabajadores de Ayuntamientos

Por conducto de la diputada Ma. Guadalupe Guerrero Moreno, el Grupo Parlamentario del PRI presentó un exhorto a los 46 ayuntamientos para que ejecuten las acciones necesarias y tengan el presupuesto para realizar las pruebas de detección del virus SarsCov2 (COVID-19) de manera progresiva a las y los trabajadores de la administración municipal, priorizando a aquellos que realicen labores de manera presencial y tengan contacto frecuente y directo con la ciudadanía y presente síntomas comunes a esta enfermedad.

Además, para que implementen los mecanismos de atención inmediata para la prevención y atención de casos sospechosos y confirmados de COVID-19, con el objetivo de salvaguardar el derecho humano a la salud.

En la exposición de motivos, la diputada Ma. Guadalupe Guerrero Moreno señaló que pese a la recomendación de la autoridad sanitaria de privilegiar y favorecer el trabajo a distancia cuando el semáforo epidemiológico se encuentre en su nivel máximo y a sabiendas de que algunas de las actividades propias de la administración municipal son consideradas como esenciales, es evidente que por la naturaleza de dichas funciones y los servicios públicos que se prestan a la ciudadanía entiéndase las relativas a la seguridad, protección civil, servicios públicos, atención ciudadana, entre otras, las autoridades se han visto obligadas a llevar a cabo actividades presenciales.

Recordó que de acuerdo con notas periodísticas, para el pasado mes de agosto, tan solo en 7 municipios del Estado se habían registrado 726 funcionarios contagiados; sin embargo, refirió que por lo que respecta al municipio de León, para inicios de diciembre pasado se registraron un total de 859 funcionarios contagiados, de acuerdo con información proporcionada por la Dirección de Salud Municipal; y en el mes de diciembre el municipio de San Francisco del Rincón informó que un total de 50 funcionarios de la administración habían sido contagiados a lo largo de la pandemia.