Guanajuato, Gto. – Este día, en sesión ordinaria, el Pleno del Congreso de la 66 Legislatura sesionó para dar trámite a diversos temas.
Como parte del orden del día se aprobaron los dictámenes de siete propuestas legales mediante los cuales se ordena su archivo definitivo. Se trata de una iniciativa de reforma a la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato en materia de transparencia en las concesiones públicas municipales y estatales; otra proponía exhortar al Municipio de Guanajuato, para que, dentro de sus facultades, inicien el procedimiento de remoción del secretario de Seguridad Pública de dicho municipio; así como a la presidenta municipal para que destituya al director general de Servicios Jurídicos. En este punto, el congresista Ernesto Millán Soberanes comentó que el sentido del dictamen era negativo al haber quedado sin materia.
La tercera se trataba de una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Guanajuato que buscaba que los Centros de Conciliación Laboral se ciñeran a esos asuntos; la cuarta, una propuesta para modificar la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus Municipios, a fin de eliminar la obligación de renovar periódicamente la licencia de conducir tipo A.
Las personas diputadas Ernesto Millán Soberanes y María Eugenia García Oliveros hicieron uso de la voz para pronunciarse en contra. Millán Soberanes comentó que era lamentable la manera en que se había manejado el dictamen, que mostraron estar en contra de los guanajuatenses, que hablan de la incompatibilidad de la propuesta; mientras que la legisladora García Oliveros manifestó que coincidía con su homólogo ya que se buscaba establecer que las licencias de conducir fueran permanentes y la población no tuviera que estar pagando cada cierto tiempo porque actualmente sirven únicamente con fines recaudatorios.
La quinta y la sexta se trataban de puntos de acuerdo para solicitar al Ayuntamiento de Apaseo el Grande y sus autoridades que se solicitara a las empresas concesionarias: EMCA, HERSA, JAVER, PONTY, CASAS GEO o INMOBILIARIA SOLIDA y, CONSECIONARIA CAVESO la situación administrativa y los avances en infraestructura que guarda cada uno de los fraccionamientos y cada uno de los clúster; y para pedir a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado iniciara una investigación amplia e imparcial con enfoque de género e interseccional, respecto de los presuntos actos de discriminación cometidos en agravio de las personas comerciantes del grupo denominado La Josefa, derivados del operativo de desalojo del 14 de abril de 2025 y de la negativa sostenida del Gobierno Municipal de León para otorgarles espacios de venta en la temporada decembrina.
